“Myron Thompson, un juez que no teme ir en contra del reclamo popular”

(La Nación, 14/11/2010)

Magistrado federal de Alabama desde hace 30 años, en 2002 cobró notoriedad por un fallo impopular: pese a la oposición de miles de manifestantes, ordenó retirar una estatua religiosa emplazada en el Palacio de Justicia. De visita en nuestro país la semana última, Thompson sostuvo que los jueces deben comprometerse y jugar políticamente cuando de hacer cumplir la ley se trata. Laura Zommer Para LA NACION

Una de las principales dificultades que enfrenta todo juez es que, algunas veces, debe tomar decisiones impopulares. Otra, que sus sentencias se cumplan.

Myron Thompson lo sabe. Es, desde hace 30 años, el juez federal de Alabama, uno de los Estados norteamericanos donde más hondo caló el segregacionismo y, también, uno de los más religiosos. En 2002, este juez se hizo famoso -y odiado- porque ordenó retirar un monumento que exhibía los 10 mandamientos y había sido emplazado en la rotonda del Palacio de Justicia local por orden del entonces presidente de la Corte, a quien los ciudadanos habían elegido mediante el voto.

Lo hizo convencido de que la enorme estructura de dos toneladas de piedra que colocó una madrugada el ex juez Roy Moore “excedía la razonable separación entre Estado y religión” que el imperio de la ley norteamericana manda.

Según una encuesta difundida por la cadena CNN un día antes de su fallo, el 80 por ciento de los norteamericanos no estaba de acuerdo con la decisión de Thompson.

Miles y miles de manifestantes protestaron durante meses por la decisión y el monumento se convirtió en un lugar de culto y oración multitudinario. Un manifestante llegó a quemar la sentencia en el despacho de Thompson, que desde ese momento contó con protección las 24 horas.

“Los jueces no tienen que ser populares sino justos. No deben fallar de acuerdo con lo que espera la mayoría o el gobierno que la representa sino de acuerdo con lo que la ley dispone. El Poder Judicial es un poder contramayoritario que, como tal, debe defender los derechos de las minorías”, dice Thompson. Cuando habla, sonríe. Suena firme y transmite entusiasmo. Usa anteojos de marco negro y sus dientes blancos se destacan en el contraste con el color de su piel y el traje oscuro que usa.

El juez federal de Alabama estuvo la semana pasada en Buenos Aires, invitado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) e Igualitaria, una organización que promueve la democracia constitucional y los derechos humanos a través de la investigación, la educación y la participación en el debate público. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Thompson brindó una Conferencia sobre símbolos religiosos en edificios públicos y participó en el Seminario internacional “Remedios judiciales y monitoreo de ejecución de sentencias en el litigio de reforma estructural”, dirigido a jueces y fiscales. Compartió un panel con la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay, a quien elogió y de quien recibió, también, cálidos elogios.

“Sabemos que muchas veces nuestras sentencias tienen desafíos en el cumplimiento y, en ciertos casos, nos preguntamos nosotros mismos cómo harán para cumplir esta sentencia”, admitió Argibay durante el seminario. Hay casos que ilustran esta preocupación. En el último tiempo, por ejemplo, la Corte se enfrentó públicamente con el Gobierno por la denuncia penal que formuló contra el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, que se niega a reponer en su cargo al ex procurador provincial Eduardo Sosa, destituido en 1995 por el ex presidente Néstor Kirchner.

Y varios jueces, de todas las instancias y de diversas zonas del país, advierten que tienen dificultades para que los otros poderes del Estado cumplan con sus mandatos. Los casos más paradigmáticos son la actualización de las jubilaciones, la limpieza del Riachuelo, la mejora de las condiciones de las hacinadas cárceles bonaerenses y el fenómeno de los jueces subrogantes, entre otras decisiones relevantes de la Corte que aún están lejos de ser acabadamente cumplidas.

“En la Argentina los jueces ya probaron dar órdenes con la sola autoridad de su particular forma de interpretar la Constitución y no funcionó. Probaron luego siendo deferentes a las decisiones de los poderes mayoritarios y quedaron como meros dependientes del poder de turno”, señala Martín Böhmer, profesor de la Universidad de San Andrés e investigador asociado de CIPPEC. “Algunos -agrega- están probando desde hace algunos años una tercera opción: mantener la deliberación funcionando, administrar los conflictos sin pretender terminarlos. Esperemos que esta vez funcione”.

Thompson está seguro de que el imperio de la ley y el Estado de Derecho imponen no ser populares en ciertas ocasiones. Pero está igual de convencido de que así como la ley -y no la política- debe primar a la hora de decidir, los magistrados deben comprometerse y jugar políticamente cuando de hacer cumplir su orden se trata.

El, por ejemplo, como consideraba que Roy Moore buscaba victimizarse y esperaba que lo mandara preso por incumplir su fallo para aumentar así su popularidad, decidió ordenar a los otros ocho jueces de la Corte y al gobernador de Alabama que retiraran el monumento de los 10 mandamientos. Y, aun así, no fue fácil porque la policía local se negó a hacerlo y finalmente se logró con el auxilio del Estado de Georgia.

Alvaro Herrero, director ejecutivo de la ADC, que tras una acción judicial logró en 2004 que se retirara una imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás de la entrada del Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, deja en evidencia las razones por las que invitaron a Thompson a la Argentina. “La cuestion del uso de símbolos religiosos en espacios gubernamentales y públicos es muy relevante también en nuestro país, pero la discusión de fondo es más importante aún: es necesario que el Congreso debata y sancione una ley que asegure la separación entre Estado e Iglesia y garantice a los ciudadanos un aparato estatal verdaderamente laico, que no los discrimine por sus creencias ni favorezca a culto religioso alguno”.

En las jornadas en las que participó Thompson, las discusiones pusieron en relieve la centralidad del lugar que ocupan los jueces en la ejecución de las sentencias en casos de litigio estructural. “Al igual que los litigantes, los magistrados deben diseñar sus propias estrategias para asegurar el cumplimiento efectivo de las decisiones que adoptan y así garantizar la protección y reparación de los derechos de los ciudadanos. La experiencia comparada muestra que los jueces no deben ser actores pasivos, sino verdaderos protagonistas en la búsqueda de soluciones”, agrega Herrero.

Hijo del segregacionismo

Thompson nació y creció en Tuskegee, Alabama, el mismo pueblo donde nació la célebre luchadora por los derechos civiles Rosa Parks. A los dos años se enfermó de polio y pasó gran parte de su tiempo solo, escuchando jazz y música clásica. Cuenta que vivió su infancia en una sociedad segregada: sólo podía tomar agua de bebederos exclusivos para negros y asistía a una escuela -de la que se graduó con honores, el instituto Tuskegee High School- a la que no asistían blancos.

Cuando resolvió el caso de los 10 mandamientos y el juez Moore dijo públicamente que no cumpliría su orden mientras se comparaba con Martin Luther King, Thompson se remontó a los años 60, cuando el gobernador de Alabama de aquella época se negaba a cumplir un fallo y bramaba que los negros no entrarían nunca a la universidad. “A los 14 años, a partir de ese caso, aprendí que el Estado de Derecho debe prevalecer, y esa lección la transpuse a este caso y a todos los que resolví en los últimos 30 años”, afirma.

Aunque tras el fallo de 2002 Thompson sigue siendo algo impopular en su tierra natal, para muchos es una figura inspiradora: revela que cada año recibe unas 600 aplicaciones de graduados de las mejores universidades del país y el mundo que quieren trabajar con él.

Para Marcelo Alegre, director de investigaciones de la Facultad de Derecho de la UBA, el testimonio de Thompson refuerza la necesidad y la importancia de que los jueces logren enfrentar las dificultades que se les presentan, especialmente cuando fallan contra figuras o intereses poderosos. “Revitaliza constatar cuando un juez se enfrenta con los dictados populares -agrega Alegre-. Los derechos humanos no estarían en vigencia si no fuera de ese modo”.


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