Las ONG dicen que se viola la ley. Nota con Juan González Bertomeu, entre otros

(Públicada en el diario La Nación, el 1º de Octubre del 2006)

Violación de la ley de ética pública, falta de reglas claras sobre los estándares de publicidad, debilidad institucional del Consejo de la Magistratura y la generación de un estado de sospecha. Ese fue el diagnóstico de cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a temas de justicia frente a la negativa de la mayoría de los jueces federales de dar a conocer sus declaraciones juradas.

“Es increíble que los funcionarios que aplican la ley no la pueden cumplir cuando la deben aplicar a sí mismos”, dijo la directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso. Esa entidad hizo un pedido para acceder a las declaraciones patrimoniales de 89 jueces nacionales, con un resultado similar al que obtuvo LA NACION: sólo pudo acceder a lo declarado por 25 magistrados.

“Siempre que no hay transparencia, se levanta una sospecha de que hay algo que ocultar”, evaluó Alonso. “El problema es que no debe ser una cuestión personal de cada juez, sino una cuestión institucional, de cumplimiento de la norma”, agregó.

Para Alonso, el argumento del temor a la inseguridad que esgrimen algunos jueces “es poco verificable”. Argumentó que no se sabe de funcionarios que hayan sufrido problemas por la difusión de su declaración jurada.

Con ella coincidió Juan González Bertomeu, director del área de Justicia de la Asociación por Derechos Civiles (ADC). “La nueva reglamentación del Consejo obstaculiza el acceso a la información. El reglamento combina una gran cuota de discrecionalidad con un proceso engorroso de acceso a la información, que puede llevar meses”, analizó. Para González Bertomeu, “el texto del reglamento y la puesta en práctica parecen desvirtuar el espíritu de la ley de ética pública y el mandato del artículo 36 de la Constitución Nacional”.

El presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), Patricio Petersen, fue más duro. “Parecería que los jueces son personajes que se creen en un nivel distinto del resto”, dijo.

Petersen coincidió con Alonso en que la reticencia de los jueces genera un clima de sospecha.

Para Gustavo Maurino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el problema excede a los jueces. “Como sociedad no hemos constituido reglas claras sobre los estándares del grado de publicidad al que deben someterse los funcionarios públicos”, evaluó.

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