Jornada de Igualitaria en la Universidad de Buenos Aires

El 28 de septiembre tuvo lugar un debate sobre igualdad, castigo y derechos sociales en la Facultad de Derecho. Se presentaron dos paneles a cargo de Roberto Gargarella y Víctor Abramovich.

La primera presentación sobre de “Igualdad, castigo y cárceles” de Roberto Gargarella contó con los comentarios de Paula Litvachky y Marcelo Alegre.

Gargarella explicó indicó que la filosofía política siempre puso en el centro de sus preocupaciones la cuestión de si se justifica a o no el ejercicio de la coacción estatal y siempre encontró dificultades para justificarla, “pero es más difícil de justificar la coacción penal en condiciones de desigualdad social”, expresó, ya que las normas deben ser discutidas por aquellos que serán afectados por esas normas y si hay grupos sistemáticamente fuera de esa discusión crecen las chances de que el Derecho comience a sesgarse. El Derecho es aplicado, pensado, interpretado, modelado desde un grupo social, lo cual genera riesgos muy altos cuando tenemos una sociedad con porcentajes de exclusión amplios. En consecuencia, “si la respuesta penal habitual frente a las situaciones que queremos reprochar está vinculada con la exclusión, en todo sentido, y al mismo tiempo se separa a las personas de su núcleo afectivo y se lo vincula con otras que son los que más problemas de integración social han mostrado, no debemos sorprendernos que la persona reincida porque nosotros creamos esa situación”.

Paula Litvachky destacó que las teorías que encarnan el garantismo penal plantean únicamente ciertos principios y no tienen efectos políticos o prácticos. Además, identificó que ciertos actores sociales en Argentina pretenden mayor aplicación del Derecho Penal para ciertas estrategias político-sociales y abogó por el ejercicio igualitario de la coerción penal vinculada a los crímenes de Estado, de lesa humanidad, violencia policial, tortura, entre otras. Instó también a que las teorías democráticas del castigo y su estrategia de implementación pueda ser instrumental a las políticas actuales y que no impliquen su viabilidad únicamente en situaciones ideales o contra fácticas.

A continuación, Marcelo Alegre pidió considerar que sin el Derecho Penal los sectores vulnerables estarían aún más expuestos a la violencia y la necesidad de tomar en cuenta los daños que la cárcel causa a personas inocentes, como los familiares de los reclusos y el impacto de la cárcel en la generación de pobreza, de desocupación, de aumento de la brecha social-económica.

En el segundo panel, Víctor Abramovich trató la cuestión de la Igualdad y el litigio estructural. Los comentarios estuvieron a cargo de Gustavo Maurino y Paola Bergallo.

Abramovich planteó algunas consecuencias del reconocimiento de los derechos sociales en la Constitución Nacional y analizó el desarrollo de la judicialización de los derechos sociales que fue mutando en los últimos tiempos en la Argentina: “El debate inicial era conceptual: si los derechos sociales eran derechos subjetivos y si el Poder Judicial tenía algún grado de responsabilidad en su implementación. Hoy discutimos cómo el Poder Judicial puede hacer efectivos esos derechos y cuáles son los obstáculos institucionales, políticos o sociales en las diferentes estrategias de litigio y los diferentes modos de intervención judicial que se han dado en los años recientes.”

Gustavo Maurino consideró que es necesario desarrollar una teoría normativa sobre los derechos sociales que identifique más claramente aquellos principios morales básicos a los cuales responde o están destinados a realizar los derechos sociales, ya que resaltó que “tenemos una excelente dogmática de los derechos sociales para trabajarlos en la operación jurídica pero es necesario terminar una conclusión más filosófica, más normativa, más general”.

Paola Bergallo señaló que en la práctica judicial actual los jueces siguen reaccionando individualmente y manifestó algunas características de este problema de descentralización del litigio, tomando como ejemplos los casos de derecho a la salud, en los cuales la mayoría trata cuestiones de implementación por insatisfacción de las prestaciones. Subrayó que los reclamos judiciales provocan una intermediación innecesaria, una judicialización en el acceso a la prestación de los servicios que no está prevista originariamente.

Hacia el final de la actividad, tomó nuevamente la palabra Víctor Abramovich, quien reflexionó cómo el litigio descentralizado y la intervención del Poder Judicial en casos individuales es una estrategia para despolitizar un conflicto de derechos. De esta manera, criticó la falta de comunicación entre quienes manejan la esfera jurídica y judicial, y quienes manejan la política, ya que “no se logra poner aspectos de procesos judiciales en la agenda de política pública”.

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