Paola Bergallo: “Tomarse en serio los derechos de las mujeres implica debatir el aborto”

Reportaje publicado en Clarín, 22/08/10

Matrimonio gay, prostitución, violencia familiar y derechos reproductivos son temas de una agenda que recién se empieza a discutir y en la que deben integrarse decisiones políticas y cambios culturales. Por CLAUDIO  MARTYNIUK

Sobre un trasfondo de severa desigualdad económica y cultural, las políticas igualitarias en materia de género han presentado avances legales evidentes, aunque se sigue postergando el imprescindible debate sobre el aborto. Por otra parte, como señala Paola Bergallo, una de las mayores juristas sobre temas de género que tiene la Argentina, la construcción de la igualdad no depende sólo de normas legales; de ahí que resulte simultáneamente necesario remover un cúmulo de prejuicios y obstáculos materiales e ideológicos.

¿El reconocimiento del matrimonio gay es una sorpresa o el resultado de una pauta de igualdad que está cobrando robustez política y moral en nuestra sociedad? La reciente experiencia de deliberación y reforma legislativa de la regulación civil de la familia representa un avance importante hacia la igualdad. Pero sería prematuro leer allí una tendencia consistente de transformación social y moral.

¿Por qué? Las normas son hitos en los procesos de cambio social, pero el desafío es hacerlas cumplir, lograr que inspiren políticas públicas e intervenciones culturales que erradiquen la discriminación. La continuidad de la deliberación, la política y la movilización social son claves. Por otro lado, no podemos perder de vista cuán inequitativos son muchos de los vínculos familiares, incluyendo los matrimoniales formalizados o no. La construcción de relaciones familiares igualitarias, cualquiera sean las opciones e identidades sexuales de sus integrantes, no depende sólo de un cambio legal. Para hablar de una pauta, las reformas deberían además derramarse en otras causas del ideario igualitario. Por eso es incongruente afirmar que nuestra sociedad es más igualitaria que ayer y restringir otros debates como el del aborto.

En el caso de la adopción gay, ¿no es previsible que los jueces discriminen a las familias homosexuales? La discriminación por orientación e identidad sexual es todavía una práctica común entre nosotros y el Poder Judicial ha copiado, a veces, las actitudes que debía combatir. Pero nuestra Constitución y los compromisos asumidos en materia de derechos humanos proveen el fundamento para que los jueces garanticen la igualdad en la organización de la vida familiar, entre las parejas con o sin hijos/as y cualquiera sea la orientación o identidad sexual de sus integrantes.

¿Estas nuevas filiaciones pueden traer cambios culturales en barrios o escuelas, por ejemplo? Los cambios culturales están en marcha hace años en barrios y escuelas donde ya viven familias como las que recibieron reconocimiento jurídico con la reforma. Es posible que las nuevas normas contribuyan a asentar esos cambios, a expandir el goce de derechos de quienes temían la discriminación y postergaban constituir vínculos a los que injustamente se les negaba ciertos efectos legales. Pero hará falta más que normas para desarmar prejuicios.

También se reglamentó la ley contra la violencia de género, después de 16 meses de sancionada. ¿Qué se necesita para que la cultura patriarcal comience a declinar? No hay recetas sencillas para desestabilizar el patriarcado ni la heteronormatividad. Las reflexiones feministas hace años han propuesto herramientas diversas y el movimiento por la diversidad sexual ha aportado otro tanto. La nueva ley de violencia se construye sobre parte de estas propuestas y aprendizajes comparados. Ahora bien, como mínimo, combatir la violencia en una cultura arraigadamente sexista y homo/lesbofóbica como la nuestra requiere, primero, reconocer que la violencia de género es un problema serio y extendido. La ley y su reglamentación son nuevas señales en ese sentido. Pero no son el primer intento de abordaje del tema. Si no queremos repetir fracasos, lo próximo será dotar a las instituciones responsables de la ejecución de esas normas a nivel nacional y provincial de capacidades, recursos materiales y humanos para poner en marcha políticas de calidad como las que demanda la ley.

En materia de prostitución, ¿habría que penalizar la oferta o la demanda de sexo? ¿O acaso sería más razonable una despenalización con recaudos sanitarios y espaciales? Desconfío a priori de la penalización de conductas como herramienta para el cambio social. Pienso que la oferta de sexo debe ser despenalizada. De otro lado, si bien hay argumentos interesantes a favor de penalizar a los clientes, esa propuesta no puede obviar un análisis realista de cómo opera nuestro sistema penal y nuestra policía. Debería discutirse junto a herramientas que constituyan opciones reales para quienes desean dejar la prostitución. La explotación sexual es un tema de la agenda igualitaria en la que hay avances, pero insuficientes.

¿El cambio de identidad en el DNI debería ser el resultado de una elección autónoma o, como algunos proyectos legislativos lo fijan, debería recurrirse al análisis de expertos? Dado que el cambio de identidad es una acción autorreferente, que no afecta a los demás, sujetar esa decisión a terceros constituye una restricción injustificada sobre la autonomía. Ella y la prohibición de discriminación son los valores que deben primar en la regulación de estas decisiones.

¿Qué deficiencias legislativas se presentan en materia de derechos reproductivos? ¿Qué cambios habría que implementar para garantizar la autonomía de las mujeres? Salvo en el caso de la penalización del aborto y la subregulación de la objeción de conciencia, no creo que los problemas de derechos reproductivos deriven de deficiencias legislativas. En cuanto depende de las instituciones estatales, si persisten las injusticias en el plano de la reproducción, es más bien por la falta de voluntad política para remontar barreras, ideológicas, entre otras, y por la ausencia de capacidad estatal para políticas públicas de calidad.

¿Nuestra sociedad se debe ahora un debate sobre el aborto? Tomarse en serio los derechos de las mujeres implica debatir el aborto. Es otra deuda de nuestra sociedad y nuestra dirigencia. Los afectados por el silencio y la desidia en el tema somos todos. Una sociedad que calla las muertes evitables de sus ciudadanas, que está dispuesta a forzar a algunas a la maternidad y que permite que miles de mujeres se enfrenten por año al aborto inseguro poniendo en riesgo su salud, su vida o su dignidad, es una sociedad injusta. Y vivir en la injusticia nos perjudica a todos. En otro nivel, las mujeres nos perjudicamos por la ciudadanía de segunda que nos impone una comunidad dispuesta a sacrificar nuestros derechos sin hacer explícitas sus razones. Por supuesto, se perjudican más las mujeres que abortan en condiciones más inseguras, que suelen ser las más pobres, las más jóvenes y, con frecuencia, ya madres. Pero las más perjudicadas de todas -sin duda- son las 2578 mujeres que según las estadísticas murieron desde 1983 hasta 2008 por aborto. La mayoría habría salvado su vida de haber nacido en algunos de los países donde se ha enfrentado el tema.

La norma del Código Penal sobre aborto no punible, ¿cómo podría tener una clarificación interpretativa? ¿Sería suficiente una resolución administrativa, dirigida a los hospitales? Algunas aclaraciones previas. El Código Penal argentino establece un modelo de permisos para abortar en ciertas circunstancias. Sin embargo, el acceso a servicios de aborto en esos casos ha estado hasta hace muy poco totalmente restringido, dejando la norma del Código en un limbo. Ante esa situación y la extensión del aborto inseguro, la primera opción es -y debió de haberse hecha hace años- ajustar el Código a los mandatos del acuerdo constitucional de 1994 que demanda el abandono de la penalización en el embarazo temprano. Ese debate no se dio y, mientras se siga postergando, las mujeres seguirán solicitando los abortos permitidos desde 1921. Como sabemos por casos que alcanzaron resonancia mediática, ante esos pedidos, los jueces autorizaron los abortos y aclararon, casi siempre, que no deberían haberse llevado a los tribunales. ¿Qué debían hacer las autoridades sanitarias que reconocen su responsabilidad frente al tema? ¿Esperar 90 años más? ¿Qué hicieron? Frente a las múltiples barreras y la improcedencia de la judicialización, las autoridades sanitarias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y la gestión de Ginés González García en la Nación ejercieron sus competencias. Fijaron pautas para facilitar el acceso a servicios de salud cuando el aborto está permitido. También las legislaturas locales de La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y Chubut intentaron clarificar el tema, y sólo esta última sancionó una ley. Pero las iniciativas regulatorias sufren aún importantes déficits en su cumplimiento.

Todavía no se han puesto en marcha en todos los centros de salud donde deberían aplicarse …

Exacto. Para que esos intentos de respuesta sean una reacción seria, las guías, con o sin resolución administrativa, requieren un trabajo fino en los distintos niveles del sistema sanitario y con los profesionales de la salud. Exigen con urgencia, además, reglas y una política sobre la objeción de conciencia, ya que ésta es la herramienta con la que -donde existen guías- algunos obstruyen la prestación de servicios de aborto legal. Sin esas intervenciones, las guías o las leyes no serán más que hitos ineficaces.


Señas particulares:

Nacionalidad: argentina
Actividad: profesora de derecho de la universidad de san andres. investigadora (CEDES).

Abogada (UBA), con posgrados en las universidades de Stanford y Columbia. Investiga cuestiones de salud sexual y reproductiva.


La distribución de las cargas domésticas


Para Paola Bergallo, “la desigualdad en la distribución de las cargas domésticas y, entre ellas, las responsabilidades de cuidado de bebés, constituye un rasgo estructural de nuestra vida en comunidad. Las reglas que tratan diferenciadamente a los varones en la tenencia o las licencias están construidas sobre ese modelo injusto de distribución de tareas. Es obvio que deberían ser revisadas desde una visión sustantiva de la igualdad. Esa visión exige erradicar la subordinación en los arreglos familiares. Demanda también revisar la tercerización de las responsabilidades de cuidado que algunos hogares montan en relaciones de explotación de mujeres pobres, muchas veces inmigrantes. Lo mismo diría de la discriminación en la vida pública que sufren las personas con responsabilidades de cuidado y las madres, en especial. Entre las situaciones que perpetúan estas inequidades se cuenta la falta de políticas sociales. Para crear esas políticas no hacen falta leyes, hace falta voluntad política. Esas políticas deberían concebirse como un deber frente a las familias, la comunidad en general, y no como una deuda sólo hacia las mujeres, las principales perjudicadas hoy, claro.”

Otras publicaciones en Derechos civiles y políticos, Destacados, En los medios, Género, Investigadores